Con el fin de ser fieles cumplidores del ordenamiento jurídico nacional y en especial de las nuevas normativas en vigencia, La Fuerza Armada de El Salvador a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de la Defensa Nacional y con el apoyo de la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia (UTE), capacitó al personal de Oficiales, Suboficiales, Profesionales y Administrativos que se desempeñan como asesores o colaboradores jurídicos, jueces militares y de instrucción en las diferentes Unidades Militares.

El Señor Coronel Inf. DEM. Edwin Ernesto Juárez Monterrosa Comandante del Comando de Doctrina y Educación Militar (CODEM), fue quien dio por inaugurada la jornada de la capacitación acerca de la entrada en vigencia de la nueva Ley de la jurisdicción contencioso administrativa, a su vez, agradeció el apoyo de la Directora General de la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia (UTE) Licda. Kenia Elizabeth Melgar de Palacios y el de la ponente Dra. Yesenia Ivette González Otero Magistrada de lo Contencioso y administrativo por el desarrollo magistral de la temática.

Asimismo los 70 participantes se mostraron receptivos a todos los conocimientos respectivos al impulso de esta nueva ley, destacando el hecho que la institución castrense es una de las pioneras en convocar a su personal en materia jurídica sobre estos cambios, con el fin de estar a la vanguardia con los retos que la realidad actual representa en  materia de derecho, a fin de tutelar de forma integral cualquier actuación de la administración pública que implique lesión a los derechos del ciudadano.

La Ley de la jurisdicción contencioso administrativa entró en vigencia a partir del 31 de enero de este año, ya que la última modificación databa del año 1978, siendo esta una normativa con la que ahora cuenta el país, por medio de los diferentes tribunales creados para tal efecto, los cuales tendrán la potestad de juzgar en todo lo referente a la legalidad de los actos de la administración pública.

Con esta nueva ley se supera los problemas que la anterior realidad demostró que en lugar de impulsar se obstaculizaba la revisión judicial efectiva sobre los actos de la administración pública, y viene a representar un cambio cualitativo institucional a la administración de justicia, al incorporar elementos innovadores en su contenido.